Instalaciones eléctricas deficientes, el enemigo a vencer

En el país se estima que existen 32 millones de viviendas particulares habitadas, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI); 98.7% de ellas cuentan con electricidad. Actualmente, los dueños de esas casas o departamentos, sean de construcción nueva o ya existente, no tienen una evaluación que determine las condiciones de su instalación eléctrica, por lo que su protección y la de su patrimonio son vulnerables ante cualquier situación de emergencia.

En México, la autoridad es responsable por mandato constitucional de proporcionar a la población condiciones óptimas de seguridad para vivir y llevar a cabo sus actividades diarias. Dentro del desarrollo de la industria de la construcción, las instalaciones eléctricas deben satisfacer los requisitos y condiciones técnicas y de seguridad fijadas por la normatividad vigente, por lo que es necesario que la autoridad supervise su cumplimiento para que una instalación ostente el material y el diseño con el fin de entregar al usuario un lugar con energía eléctrica en forma correcta, segura, permanente y eficiente.

Actualmente existen viviendas, tanto nuevas como en uso, que son construidas de manera formal por una constructora bajo la supervisión de un experto o mediante la auto-construcción, y que pueden tener una instalación eléctrica fuera del cumplimiento normativo. Una de las principales razones es la asignación de costos mínimos aplicados al proyecto, lo que se traduce en un diseño incorrecto y en la mala calidad de los materiales, sean estos ilegales o que no cuenten con certificación nacional de productos para su uso seguro.

Frente a un parque habitacional envejecido y con nulo mantenimiento de la instalación eléctrica, las viviendas en México se convierten en unidades contaminantes y consumidoras de energía al operar de manera deficiente y en alto riesgo.

Los esfuerzos por parte de la industria en diseñar equipos altamente eficientes y seguros para su uso, se ven diluidos al conectar los equipos a una instalación eléctrica ineficiente, en malas condiciones o rebasada en su capacidad.

A esta condición se suma que el desarrollo de vivienda se diseña actualmente pensando en el presente inmediato y no en las necesidades futuras de sus habitantes ni en el avance tecnológico. Es decir, hoy la oferta de vivienda en el país no visualiza el trabajo en casa mejor conocido como home office, el internet de las cosas y la electromovilidad, necesidades que ya están presentes en algunos sectores de la población.

Los esfuerzos por parte de la industria en diseñar equipos altamente eficientes y seguros para su uso, se ven diluidos al conectar los equipos a una instalación eléctrica ineficiente, en malas condiciones o rebasada en su capacidad.

Urge un Plan de Seguridad Eléctrica

El Programa Casa Segura® actualmente trabaja para impulsar la creación de una Política Pública Integral de Seguridad Eléctrica para la población, entendiendo como acciones primordiales el cumplimiento normativo y la revisión periódica en vivienda existente.
Y es que, a pesar de tener un marco normativo robusto, las autoridades se ven rebasadas ante la fiscalización para su cumplimiento, dejando la responsabilidad de la aplicación y ejecución de las Normas Oficiales Mexicanas en manos de desarrolladores y municipios, los cuales, en muchas ocasiones, carecen de un Reglamento de Construcción actualizado en el que se contemplen las normas vigentes.

Para responder ante los retos presentes y futuros en el uso de la energía eléctrica, México requiere implementar un Plan de Seguridad Eléctrica que permita integrar una fiscalización del cumplimiento normativo, desde la fabricación de los materiales, el diseño de los proyectos, la ejecución de la obra, el consumo de materiales certificados y seguros, la contratación de personal calificado, tener conexión segura a la red, efectuar la revisión periódica y el mantenimiento preventivo en vivienda.

Una fiscalización transversal permitirá corresponsabilizar a todos los actores que intervienen en las decisiones del proyecto, garantizando así el uso eficiente y, principalmente, la seguridad de las instalaciones eléctricas.